España activa planes de emergencia ante el choque energético de oriente medio
El Gobierno de España ha lanzado una operación de emergencia para mitigar el impacto de la crisis energética desatada por el conflicto en Oriente Medio. La medida, que busca proteger a hogares y empresas, se materializará en un paquete de medidas económicas y laborales con el objetivo de evitar un encarecimiento descontrolado de los combustibles.
El ejecutivo estudia ayudas al combustible y recortes fiscales
La escalada bélica ha provocado un alza abrupta en los precios del petróleo y el gas. El diésel ha subido un 14% y la gasolina, un 8% en solo dos semanas. El objetivo principal es actuar con rapidez para evitar que el aumento de los precios se traslade completamente a los consumidores. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, advirtió que el impacto total tardará entre cuatro y diez días en reflejarse en las gasolineras.
El plan de respuesta, que podría estar listo para la próxima semana, se inspira en los mecanismos utilizados durante la pandemia y la crisis energética de Ucrania. Se barajan ayudas directas al combustible, una intervención en la fiscalidad de la gasolina y el diésel, y la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha instado a las empresas a no recurrir a despidos, asegurando que existen herramientas como los ERTE y el Mecanismo RED para gestionar la situación sin afectar al empleo. Sin embargo, Díaz se opuso a la propuesta del presidente de Mercadona, Juan Roig, de rebajar el IVA de los alimentos al 0%, argumentando que esto podría beneficiar a las grandes cadenas de distribución sin traducirse en una bajada real de precios.
Más allá del ámbito laboral, el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo trabaja en medidas para congelar los alquileres y limitar los desahucios. El Ministerio de Hacienda, por su parte, analiza ajustes fiscales sobre el precio de los combustibles.
La ministra de Trabajo también apuntó a la posibilidad de prohibir despidos por causas energéticas, pero insistió en que las empresas cuentan con los instrumentos necesarios para afrontar la crisis sin recurrir a la reducción de plantilla. Además, se impulsarán planes de movilidad laboral para fomentar el transporte colectivo y reducir la dependencia del vehículo privado.
La UE también ha mostrado su preocupación por la crisis energética, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, admitiendo que el abandono de la energía nuclear fue un error.
El Gobierno busca un escudo social que proteja a trabajadores, empresas y sectores más vulnerables, un enfoque similar al aplicado en crisis anteriores. La cifra habla por sí sola: el precio del diésel ha subido un 14% en dos semanas, una realidad que exige una respuesta contundente.
La respuesta del gobierno se presentará la semana que viene, pero la presión sobre familias y empresas ya es palpable. La recuperación económica se tambalea, y el futuro inmediato, incierto.