Gobierno y sindicatos en guerra: la oep de 2026 se congela por falta de datos y plazas
El Ejecutivo español se topa con una muralla de rechazo por la oferta de plazas del Plan de Equidad y Occupación Pública (OEP) para 2026. La crispación sindical, liderada por CCOO, UGT y CSIF, pone en jaque la capacidad del Ministerio de Función Pública para impulsar una estabilización de la Administración General del Estado.
Negociación fantasma: datos, cifras y transparencia desaparecidos
La reunión de la Mesa General de Negociación, convocada por Óscar López, ha terminado en un punto muerto. Las centrales sindicales denuncian una negociación “sin datos ni garantías”, un procedimiento que consideran una burda falta de respeto a la labor de los funcionarios. El rechazo no es novedoso: la oferta de 2025, con 36.588 plazas (27.000 para la AGE), fue considerada insuficiente y un 8,8% inferior a la de 2024, la mayor de la historia con más de 40.000 unidades. Ahora, el Ministerio se limita a confirmar que la OEP de 2026 será “similar” al año pasado, sin aportar detalles que justifiquen esta falta de ambición.
La situación se agrava con la coincidencia de tres factores críticos. La regularización extraordinaria de inmigrantes está desbordando los recursos de organismos clave como Extranjería, Seguridad Social e Interior, evidenciando las fisuras de una Administración ya sobrecargada. La transición a la jornada laboral de 35 horas, también implementada en el sector público, exigirá un refuerzo de efectivos que la propuesta gubernamental no contempla de manera explícita. Y, por último, la acumulación de 5.765 plazas de turno libre y 3.238 de promoción interna de personal laboral de 2023, 2024 y 2025, pendientes de convocatoria, amenaza con una pérdida definitiva de la inversión.
Javier Arauz, abogado, advierte: “Los interinos en situación de abuso de temporalidad deben tomar cartas en el asunto ante esta falta de previsión.”
Más allá de las plazas: presiones y compromisos parciales
Si bien el bloqueo en torno a la OEP principal persiste, el Ministerio ha anunciado medidas puntuales: una revisión del acuerdo de promoción interna en caso de fracaso en la cobertura de las plazas ofertadas y la introducción de módulos obligatorios sobre competencias digitales en los cursos selectivos. Sin embargo, queda pendiente la convocatoria de las plazas de 2023, 2024 y 2025, cuya ejecución se pospone hasta julio, con un compromiso del Gobierno que los sindicatos reciben con escepticismo. La tardanza en la convocatoria de estas 9.000 plazas pone en riesgo la inversión y genera un desánimo palpable entre la plantilla.
CSIF ha reservado su valoración definitiva hasta conocer los datos finales antes de la aprobación en Consejo de Ministros. La ambigüedad del Ejecutivo, lejos de generar confianza, alimenta la desconfianza de los trabajadores.
En definitiva, la negociación se antoja como un ejercicio “excepcional” marcado por la falta de transparencia y la incapacidad de la Administración para responder a las necesidades reales de la Función Pública, un escenario que podría desencadenar consecuencias imprevistas en la estabilidad del sector.