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Jornada de 35 horas en la age: el gobierno busca el visto bueno antes de marzo

Tras semanas de negociaciones en suspenso, el Ministerio de Función Pública ha reanudado las conversaciones con los sindicatos para implementar la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE). El objetivo del Ejecutivo es cerrar el acuerdo antes de finales de marzo, cumpliendo así con lo pactado previamente.

La principal piedra en el camino: ¿quién se beneficia de la reducción?

La principal piedra en el camino: ¿quién se beneficia de la reducción?

La medida, que implicaría una reducción de 2,5 horas diarias para más de 200.000 empleados públicos, podría tener un efecto dominó en ayuntamientos y otros organismos vinculados al Estado. El próximo 19 de marzo se celebrará una reunión técnica entre el Gobierno y los sindicatos –CC OO, UGT y CSIF– para afinar los detalles de la reforma. El principal escollo reside en la definición de los colectivos incluidos y excluidos.

La propuesta inicial del Gobierno contempla excluir al personal de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los trabajadores de instituciones penitenciarias. También quedarían al margen, en principio, profesionales del ámbito sanitario y educativo. Sin embargo, los sindicatos presionan para extender la medida al personal de prisiones y a parte del personal docente y sanitario, lo que ha convertido este punto en el principal punto de fricción.

La implementación no será uniforme. La Secretaría de Estado de Función Pública emitirá instrucciones específicas para adaptar la jornada a cada departamento, asegurando la continuidad del servicio público. La modificación oficial de la instrucción y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) serán el inicio formal del nuevo sistema.

El Gobierno también se centra en avanzar en otros frentes, como la definición de la oferta pública de empleo de 2026 y el desarrollo de un real decreto para regular el acceso de personas con discapacidad. Pero la reducción de la jornada laboral es la prioridad.

La cifra habla por sí sola: la medida podría entrar en vigor a lo largo de marzo, si las negociaciones avanzan según lo previsto. Un cambio que, si se materializa, transformará profundamente las condiciones laborales de los empleados públicos.

El Supremo ha instado al Gobierno a regular la jubilación anticipada para los agentes de la Policía Nacional, un tema que podría influir en el acuerdo final. La negociación, que se había interrumpido a finales de febrero, retomará fuerza con esta reunión técnica. El tiempo apremia, y las expectativas son altas. La administración pública española se prepara para una remodelación laboral de gran alcance.