La ue revoluciona la contratación: salarios transparentes en españa a partir de junio de 2026
A partir de junio de 2026, un cambio radical transformará la forma en que se ofrece trabajo en España. La Unión Europea exige que las empresas revelen el salario o la banda salarial de un puesto antes de que un candidato se someta a la primera entrevista.
Transparencia salarial: ¿qué implica la nueva normativa europea?
La Directiva de Transparencia Salarial (EU 2023/970), aprobada en 2023, busca erradicar la discriminación salarial, especialmente por género. La norma, que entra en vigor el 7 de junio de 2026, obliga a las empresas a comunicar el salario inicial o la banda salarial en las ofertas de empleo o, como mínimo, antes de la primera entrevista. Esto pone fin a prácticas como los vagos «según valía» o «salario a convenir».
La práctica de preguntar a los candidatos cuánto ganaban en empleos anteriores queda prohibida. Expertos señalan que esta costumbre perpetúa desigualdades, ya que la nueva oferta se basaría en un historial salarial preexistente.
La directiva no obliga a publicar los salarios individuales de los trabajadores, protegiendo así la información personal bajo el RGPD. Sin embargo, los empleados tendrán derecho a información sobre el salario medio de su grupo profesional, desglosado por sexo o por puestos de igual valor.
La UE ha actuado con firmeza, llevando a España ante los tribunales por no cumplir con las normas sobre el tamaño de las empresas. La falta de transparencia salarial es un factor clave en la persistente brecha salarial de género, donde las mujeres ganaban, en 2020, entre un 12% y un 12,7% menos que los hombres por hora trabajada.
Este cambio impactará tanto a candidatos como a empleadores. Los candidatos tendrán más herramientas para negociar, comparando ofertas con datos concretos. Las empresas deberán diseñar ofertas laborales transparentes y cumplir con la normativa, incluyendo la publicación de informes anuales sobre la brecha salarial de género en compañías con más empleados. El incumplimiento acarreará sanciones.
La implementación en España requiere adaptar la directiva a la legislación nacional, con cambios en la normativa de empleo y laboral. Las empresas que no cumplan con la información salarial a partir de junio de 2026 se enfrentarán a sanciones. Los trabajadores, por su parte, tendrán mecanismos para reclamar compensaciones en caso de sospecha de discriminación.
El cambio no solo afecta a las grandes corporaciones. Incluso las PYMES deberán ajustar sus procesos de contratación, lo que podría generar un impacto significativo en la competitividad de las empresas que se resistan a la transparencia.
La transparencia salarial no es solo una cuestión legal; es un paso necesario para construir un mercado laboral más justo y equitativo. Es una realidad que las empresas deben afrontar, y que redefine los términos de la contratación.
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