Ue impone fabricación en europa para ayudas públicas: ¿un giro estratégico o un riesgo?
Bruselas apuesta por la autonomía industrial: las empresas que accedan a fondos públicos deberán producir una parte significativa de sus bienes en territorio europeo. La medida, impulsada por la Ley de Aceleración Industrial, busca reorientar la economía comunitaria y reducir la dependencia de países como China.
La industria europea, en la mira de una nueva política
La Comisión Europea busca revertir la pérdida de peso de la manufactura en la economía europea, que ahora representa alrededor del 14% del PIB. El objetivo es elevar esa cifra al 20% para 2035, incentivando la producción local a través de subvenciones y contratos públicos. Este cambio estratégico responde a la vulnerabilidad demostrada durante la pandemia y la crisis energética, donde la dependencia de proveedores externos, especialmente de Asia, evidenció la fragilidad de las cadenas de suministro.
La nueva normativa establece requisitos específicos según el sector. Por ejemplo, los vehículos eléctricos que reciban apoyo podrían necesitar incorporar al menos el 70% de sus componentes en Europa (excluyendo la batería). En proyectos de construcción financiados con fondos públicos, se exigirían porcentajes mínimos de materiales como acero (25%), cemento (5%) y aluminio (25%) con baja huella de carbono.
Esta medida no está exenta de controversia. Algunos gobiernos temen que un enfoque proteccionista pueda elevar los costos de producción y generar tensiones comerciales. Empresas, por su parte, advierten sobre la complejidad que podrían generar estas restricciones en sus cadenas de suministro actuales. Algunos podrían optar por renunciar a las ayudas y mantener su producción en países con menores costes.
La Comisión Europea ha señalado a sectores como los vehículos eléctricos, energías renovables, hidrógeno verde y materiales industriales como prioritarios para este impulso. Además, se endurecerán los controles sobre la inversión extranjera en estos sectores, exigiendo condiciones relacionadas con la creación de empleo, la transferencia de tecnología y la propiedad de las instalaciones.
Indra, por ejemplo, lidera un proyecto para desarrollar chips clave en España, un paso importante para la autonomía en defensa y comunicaciones.
La medida, aunque bien intencionada, plantea interrogantes sobre su efectividad. ¿Logrará la política europea revitalizar su industria manufacturera sin generar efectos colaterales negativos? La respuesta, al parecer, no será sencilla.